viernes, 13 de diciembre de 2013

Las carceles en Estados Unidos

El número de reos en las prisiones estadounidenses creció en mil 600 por ciento entre 1990 y 2009, según laUnión Americana de Libertades Civiles (ACLU). El dramático incremento de la encarcelación en Estados Unidos (EE.UU.) no corresponde a un aumento en la tasa de criminalidad, sino que forma parte de un negocio donde las empresas privadas obtienen más ganancias mientras más reos haya dentro de las prisiones.
Según un reportaje publicado por el diario mexicano La Jornada, actualmente varias compañías con fines de lucro se encargan del seis por ciento de todos los prisioneros estatales y del 16 por ciento de los federales.
Asimismo, en 2010 y 2011, las dos firmas más grandes dedicadas al negocio de las cárceles recibieron casi tres mil millones en ingresos por año. La mayor de ellas, Corrections Corporation of America (CCA), opera 66 prisiones en 20 estados. Mientras que la segunda, GEO Group, se encarga de 65.
Recientemente, CCA reportó a sus accionistas que su negocio depende de varios factores, incluyendo tasas de criminalidad y patrones de sentencias en EE.UU. Lo que implica que el crecimiento en ganancias requiere cada vez de más reos y, por tanto, estas empresas invierten millones para mantener un alto nivel de encarcelamiento y leyes que establezcan condenas largas.
Estas normas, impulsadas por políticos federales y estatales, bajo la consigna electoralmente efectiva de "mano dura contra el crimen", se ha implementado desde los años 70. En ese contexto, la llamada guerra contra las drogas fue el mayor factor en el explosivo crecimiento de la población carcelaria, y con ello también se manifestó lo que varios críticos señalan como una guerra contra las minorías.
Como consecuencia de la guerra contra las drogas, aproximadamente la mitad de los recluidos en prisiones federales son encerrados por delitos no violentos relacionados con drogas ilícitas y el número de reos por transgresiones de normas antinarcóticos en las prisiones federales y estatales se ha incrementado mil 100 por ciento desde 1980.
De igual manera, la disparidad racial en la aplicación de estas leyes antinarcóticos en el país es evidente, los afroestadunidenses representan entre 14 y 15 por ciento de los usuarios de droga ilícita, pero significan 37 por ciento de los arrestados por delitos relacionados con narcóticos, 59 por ciento de los condenados judicialmente y 74 por ciento de los que reciben sentencias penales.
Según el abogado de derechos civiles, Alec Karakatsanis, el resultado de esto es que “a 20 años o más del inicio de la guerra contra las drogas, Estados Unidos encarcela a negros a una tasa seis veces más alta que la de Sudáfrica en tiempos del apartheid”.
Ante este panorama, algunos critican la llamada guerra contra las drogas como una guerra contra los pobres y las minorías, tanto al interior de este país como en su dimensión internacional.
En cifras
La tasa de encarcelamiento en la nación norteamericana es de 730 por cada 100 mil habitantes, la más alta del mundo, según datos calculados por el Centro Internacional de Estudios de Prisiones, institución de investigaciones independientes asociada con la Universidad de Essex en Inglaterra.
En total, Estados Unidos tiene a más de dos millones de ciudadanos recluidos, mucho más que China, que ocupa el segundo lugar, con 1,6 millones (y una población nacional cuatro veces más grande). La tasa media de las 218 naciones incluidas en la lista del centro es de 125 por 100 mil habitantes, una sexta parte de la tasa estadounidense.
En 2011, el número de encarcelados en prisiones federales y estatales llegó a un millón 537 mil 415, más 735 mil 601 en cárceles locales. De éstos, 38 por ciento eran afroestadunidenses.
Cabe destacar que, las políticas penales impactan de manera desproporcionada a las llamadas minorías. Según se calcula, es seis veces más probable que un afroestadunidense sea encarcelado que un blanco, y tres veces más probable para un latino.



Las Cortes rechazan fijar un suelo dentro del gasto social en la Comunidad

Las Cortes de Castilla y León rechazaron hoy en el Pleno la propuesta socialista de establecer un suelo de gasto social en el Estatuto de Autonomía. El Grupo Popular aseguró que ya blinda los derechos de los ciudadanos de la Comunidad en el acceso a la educación, sanidad y servicios sociales de calidad y subrayó el “compromiso” de la Junta con estos servicios públicos esenciales. También, el Grupo Mixto consideró innecesaria la medida de garantizar unos derechos mínimo ya que consideró que basta con garantizar su financiación.
Tanto el Grupo Popular, como el Mixto, votaron en contra de la proposición no de ley que defendió la socialista Ana Redondo, quien expuso la necesidad de establecer en la normativa autonómica un “límite infranqueable” por el poder político con independencia de la situación económica del país. Además, recordó que la Constitución establece el mandato de promover un suelo social exigible por los ciudadanos.
En ese sentido, la procuradora pidió a los grupos “dar un paso al frente” para garantizar los derechos esenciales al “más alto nivel”, en el Estatuto de Autonomía, fijando un suelo social, para lo que indicó se debe pedir asesoramiento a las instituciones propias de la Comunidad y la Federación de Municipios y Provincias. Además, explicó que se debe asegurar con una reforma del sistema fiscal para que sea “más progresivo y justo”, así como con medidas que condicionen el destino del presupuesto de la Comunidad, con el fin de evitar los recortes aplicados y hacer frente amenaza a la red de servicios desplegados en el territorio por la reforma local del Gobierno.
Sin embargo, tanto el procurador Salvador Cruz como José María González (IU) rechazaron la reforma estatutaria. El procurador 'popular' criticó la “falta de rigor” y la “precipitación” de la propuesta y puso en valor la inversión social de la Junta en los últimos años, así como para 2014, lo que demuestra en su opinión que los servicios públicos esenciales son una “prioridad” para el Gobierno autonómico. Además, sostuvo que la norma máxima de la autonomía ya blinda la educación, la sanidad y los servicios sociales.
También, Cruz remarcó que la calidad de los servicios es una “seña de identidad” de la Comunidad y destacó la actividad legislativa de las Cortes de Castilla y León en materia social, con la aprobación de las leyes dirigidas hacia las personas que sufren algún tipo de discapacidad, los inmigrantes o las familias en riesgo de exclusión.
Por su parte, José María González señaló que la propuesta de Redondo responde al “malavarismo político” derivado de la reforma de la Constitución en la pasada legislatura para establecer un límite de déficit. Precisamente, la procuradora socialista le respondió que su proposición pretenden precisamente compensar esta medida y admitió que su partido y el PP no han explicado de forma adecuada a los ciudadanos su objetivo.
Finalmente, González insistió en que la propuesta es un “brindis al sol” y un “adelanto” para las próximas elecciones ya que señaló que la Junta debe dar un “verdadero” cumplimiento al Estatuto de Autonomía y no fijar los derechos mínimos de los ciudadanos. Por ello, reclamó al Ejecutivo que ponga todos los recursos a disposición de los servicios públicas.