Las Cortes de Castilla y León rechazaron hoy en el Pleno la propuesta socialista de establecer un suelo de gasto social en el Estatuto de Autonomía. El Grupo Popular aseguró que ya blinda los derechos de los ciudadanos de la Comunidad en el acceso a la educación, sanidad y servicios sociales de calidad y subrayó el “compromiso” de la Junta con estos servicios públicos esenciales. También, el Grupo Mixto consideró innecesaria la medida de garantizar unos derechos mínimo ya que consideró que basta con garantizar su financiación.
Tanto el Grupo Popular, como el Mixto, votaron en contra de la proposición no de ley que defendió la socialista Ana Redondo, quien expuso la necesidad de establecer en la normativa autonómica un “límite infranqueable” por el poder político con independencia de la situación económica del país. Además, recordó que la Constitución establece el mandato de promover un suelo social exigible por los ciudadanos.
En ese sentido, la procuradora pidió a los grupos “dar un paso al frente” para garantizar los derechos esenciales al “más alto nivel”, en el Estatuto de Autonomía, fijando un suelo social, para lo que indicó se debe pedir asesoramiento a las instituciones propias de la Comunidad y la Federación de Municipios y Provincias. Además, explicó que se debe asegurar con una reforma del sistema fiscal para que sea “más progresivo y justo”, así como con medidas que condicionen el destino del presupuesto de la Comunidad, con el fin de evitar los recortes aplicados y hacer frente amenaza a la red de servicios desplegados en el territorio por la reforma local del Gobierno.
Sin embargo, tanto el procurador Salvador Cruz como José María González (IU) rechazaron la reforma estatutaria. El procurador 'popular' criticó la “falta de rigor” y la “precipitación” de la propuesta y puso en valor la inversión social de la Junta en los últimos años, así como para 2014, lo que demuestra en su opinión que los servicios públicos esenciales son una “prioridad” para el Gobierno autonómico. Además, sostuvo que la norma máxima de la autonomía ya blinda la educación, la sanidad y los servicios sociales.
También, Cruz remarcó que la calidad de los servicios es una “seña de identidad” de la Comunidad y destacó la actividad legislativa de las Cortes de Castilla y León en materia social, con la aprobación de las leyes dirigidas hacia las personas que sufren algún tipo de discapacidad, los inmigrantes o las familias en riesgo de exclusión.
Por su parte, José María González señaló que la propuesta de Redondo responde al “malavarismo político” derivado de la reforma de la Constitución en la pasada legislatura para establecer un límite de déficit. Precisamente, la procuradora socialista le respondió que su proposición pretenden precisamente compensar esta medida y admitió que su partido y el PP no han explicado de forma adecuada a los ciudadanos su objetivo.
Finalmente, González insistió en que la propuesta es un “brindis al sol” y un “adelanto” para las próximas elecciones ya que señaló que la Junta debe dar un “verdadero” cumplimiento al Estatuto de Autonomía y no fijar los derechos mínimos de los ciudadanos. Por ello, reclamó al Ejecutivo que ponga todos los recursos a disposición de los servicios públicas.
En ese sentido, la procuradora pidió a los grupos “dar un paso al frente” para garantizar los derechos esenciales al “más alto nivel”, en el Estatuto de Autonomía, fijando un suelo social, para lo que indicó se debe pedir asesoramiento a las instituciones propias de la Comunidad y la Federación de Municipios y Provincias. Además, explicó que se debe asegurar con una reforma del sistema fiscal para que sea “más progresivo y justo”, así como con medidas que condicionen el destino del presupuesto de la Comunidad, con el fin de evitar los recortes aplicados y hacer frente amenaza a la red de servicios desplegados en el territorio por la reforma local del Gobierno.
Sin embargo, tanto el procurador Salvador Cruz como José María González (IU) rechazaron la reforma estatutaria. El procurador 'popular' criticó la “falta de rigor” y la “precipitación” de la propuesta y puso en valor la inversión social de la Junta en los últimos años, así como para 2014, lo que demuestra en su opinión que los servicios públicos esenciales son una “prioridad” para el Gobierno autonómico. Además, sostuvo que la norma máxima de la autonomía ya blinda la educación, la sanidad y los servicios sociales.
También, Cruz remarcó que la calidad de los servicios es una “seña de identidad” de la Comunidad y destacó la actividad legislativa de las Cortes de Castilla y León en materia social, con la aprobación de las leyes dirigidas hacia las personas que sufren algún tipo de discapacidad, los inmigrantes o las familias en riesgo de exclusión.
Por su parte, José María González señaló que la propuesta de Redondo responde al “malavarismo político” derivado de la reforma de la Constitución en la pasada legislatura para establecer un límite de déficit. Precisamente, la procuradora socialista le respondió que su proposición pretenden precisamente compensar esta medida y admitió que su partido y el PP no han explicado de forma adecuada a los ciudadanos su objetivo.
Finalmente, González insistió en que la propuesta es un “brindis al sol” y un “adelanto” para las próximas elecciones ya que señaló que la Junta debe dar un “verdadero” cumplimiento al Estatuto de Autonomía y no fijar los derechos mínimos de los ciudadanos. Por ello, reclamó al Ejecutivo que ponga todos los recursos a disposición de los servicios públicas.
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